El recorrido jurídico hacia la libertad sexual

 Seis sentencias de las últimas décadas sobre violencia sexual en España

“Se sustituye la palabra ‘honestidad’ por ‘libertad sexual’”. Con esta frase actualizaba España su Código Penal, en 1989, con una nueva concepción normativa de la autonomía sexual femenina. Sin embargo, institucionalizar el término no hizo que este fuese monolítico en el plano social, ya que el movimiento feminista se ha encargado de revisarlo y disputarlo desde entonces.

Dice Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, que ella prefiere hablar de “autodeterminación sexual”: “Cuando hablamos de libertad sexual lo hacemos en relación a los delitos que la atacan, es decir, de la libertad que es protegida frente a la coacción”, explica a Newtral.es. Así, la autodeterminación sexual, como concepto, haría referencia no solo a la protección legislativa de la sexualidad frente a los delitos, sino que promovería el disfrute, la elección y la autonomía como un ejercicio individual. 

Con la reforma de 1989 desaparece la figura de “los delitos contra la honestidad”, entre los que se encontraban “la violación y los abusos deshonestos”, pasando a llamarse “delitos contra la libertad sexual”, manteniendo el término “violación” —que se eliminaría con el Código Penal de 1995— y sustituyendo “abusos deshonestos” por “agresiones sexuales”.

También ese año el término jurídico de violación se amplió, “entendiéndose no solo como el acceso carnal vaginal, sino también anal o bucal, por lo que, además, la víctima podría ser cualquier sujeto, no solo las mujeres, aunque mayoritariamente hayan sido y sean ellas”, como expone a Newtral.es María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz especializada en violencia de género. 

Lo relevante, tal y como señala Acale, es que al entenderse que la violación no es únicamente la penetración vaginal, “el bien jurídico a proteger cambia”: “Ya no se piensa tanto en términos de honorabilidad, virginidad o embarazo, que es lo que ponía de manifiesto esa especifidad, sino que se entiende que hay otras maneras de ejercer una agresión sexual y que esta no se circunscribe solo a unos genitales concretos”.

Es destacable también el hecho de que antes de 1989, la honestidad, que era un bien jurídico a proteger, “solo la tenían algunas mujeres”, tal y como señala a Newtral.es Irene de Lamo, abogada especializada en violencia sexual e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): “La legislación entendía la sexualidad de las mujeres como una extensión de los hombres, como su propiedad. Se conceptualizaba la violación como un ataque de un hombre hacia otro a hombre a través de la sexualidad de una mujer. Es decir, si una mujer sufría una violación, en cierto modo era una deshonra para el propietario de la sexualidad de esa mujer, que era el marido o el padre”.

Por ello, apunta De Lamo, una prostituta no podía sufrir una violación, jurídicamente hablando, como tampoco una mujer casada si el agresor era su marido: “Las prostitutas entraban en el concepto de mujer pública, por lo que no tenían honestidad”. Bajo ese prisma legislativo, no podían ser sujetos de violencia sexual. Y en el caso del matrimonio, “se entendía que había un deber sexual conyugal, por lo que no se concebía la violación, ya que debías tu sexualidad a tu marido”, añade la abogada e investigadora.

Ahora sí es jurídicamente posible que una prostituta sea víctima de una agresión sexual, así como una mujer con pareja. Y aunque el imaginario popular aún mantiene remanentes de algunos mitos, “tanto la sociedad como la jurisprudencia están cambiando su forma de entender la libertad sexual”, señala la catedrática Adela Asúa, quien añade que “las sentencias empiezan a incluir argumentos que eran impensables hace décadas, y el lenguaje de los tribunales ha cambiado”.

Sin embargo, para Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), “tanto la jurisprudencia como la legislación van por detrás de la sociedad, sobre todo en estos temas”, asegura en conversación con Newtral.es. “Y hay algunos magistrados y magistradas que están aún más atrás, con una mirada muy antigua. Necesitarían mayor formación para entender lo que significa un delito de violencia sexual. Hay que proteger la libertad sexual de toda la ciudadanía, pero seguir pensando que los ataques a la misma son neutros no tiene sentido, la mayoría de las víctimas son mujeres”, añade. Aboga, eso sí, por aplicar una mirada feminista al Código Penal y no tanto en ampliar este ordenamiento jurídico o en aumentar las penas: “Una sociedad, cuanto más avanzada y garantista es, menos derecho penal tiene”, añade. 

Como ejercicio de memoria jurídica, en Newtral.es hemos seleccionado, a través del buscador del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), seis sentencias sobre violencia sexual dictadas entre 1989 y 2019. La mayoría no son mediáticas, pero todas ellas, en conjunto, ofrecen una visión de cómo afecta la violencia sexual a las mujeres en España.

Una minifalda y un abuso deshonesto. Sentencia de 1989

Un empresario y su empleada. O una trabajadora y su jefe. Era agosto de 1988 cuando María José, de 17 años, fue atacada sexualmente por Jaime, el dueño de la empresa de encuadernaciones para la que trabajaba. La sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Lleida el 17 de febrero de 1989, antes de la reforma del Código Penal de ese año, por lo que se aplicó el marco normativo del momento, considerando el magistrado, en aplicación del artículo 436, que se trataba de un delito de abusos deshonestos no violentos continuado. La pena suponía una multa de entre 30.000 y 300.000 pesetas; en este caso, se le condenó al pago de 40.000 pesetas. 

El magistrado señala, en el escrito de hechos probados, que “a la hora de salir del trabajo, [Jaime] la llamó al altillo donde se halla su despacho y en la antesala del mismo, al presentarse allí la referida con una minifalda que le daba un aspecto especialmente atrayente, o al menos así lo apreció o creyó el procesado, que visiblemente impresionado le manifestó que si accedía a sus deseos libidinosos, le prorrogaría el contrato y la protegería de forma especial”. Todo ello mientras le realizaba tocamientos. 

También reconoce la sentencia, en el apartado de fundamentos de derecho, que “aquí ciertamente el acusado aprovechó su condición de patrono y jefe laboral”, pero señala que la víctima “con su específico vestido, en cierta forma y acaso inocentemente, provocó este tipo de reacción en su empresario, que no pudo contenerse en su presencia”.

La catedrática de Derecho Penal María Acale señala como clave “el consentimiento condicionado”, un debate de plena actualidad tras el caso de La Manada. Aunque en este caso ella expresó verbalmente su negativa, Acale apunta que “cuestiones como la clase social o la existencia de una relación laboral pueden condicionar muchas decisiones de muchas mujeres: los autores aprovechan su prevalimiento, que a veces llega a la intimidación, sin que ellas expresen su negativa pero sin que consientan tampoco”.

Un año después de esta sentencia, en 1990, también la Audiencia Provincial de Lleida absolvió a un acusado de un delito de violación a una menor de 16 años porque ella no opuso resistencia física a la relación sexual, sino tan solo verbal, tal y como recoge una crónica de El País de aquella época.

Un alfiler y poca resistencia a una agresión sexual. Sentencia de 1991

En septiembre de 1989, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a un hombre por un delito de violación y por otro de abusos deshonestos. Este tribunal consideró probado que el 13 de mayo de aquel año, el acusado circulaba con su vehículo por Hospitalet de Llobregat cuando se encontró a una mujer con el vehículo averiado. Se ofreció a llevarla en su vehículo hasta que encontrara un taxi, y él se dirigió a una zona de naves industriales. Cuando ella le preguntó hacia dónde se dirigía, él le contestó que o se callaba o la pinchaba, amenaza que repitió después de que ella le pidiese que la dejara marchar para, posteriormente, agredirla sexualmente.

Sin embargo, el acusado interpuso un recurso y el Tribunal Supremo, en su sentencia de enero de 1991, decidió absolver al agresor de todos los delitos al considerar que el objeto con el que la amenazó (un alfiler) no era “contundente”, así como que “el presunto violador tenía 22 años y 36 la mujer, y el examen facultativo, practicado pocas horas después, no delató anormalidad alguna en genitales exteriores e interiores, apreciando la inexistencia de signos de resistencia en extremidades y desfloración antigua”. 

La sentencia del Supremo también señala que “se resistió un poco” para concluir que “el alfiler que el acusado se limitó a sacar y colocar en el parasol del automóvil, ni por su aptitud lesiva ni por la forma en que fue utilizado, pudo ser instrumento idóneo para paralizar la voluntad de la mujer —que no era una adolescente— frente al ultraje sexual”.

La abogada especializada en violencia sexual Irene de Lamo explica que, en este caso, “parece que ella no se opone de forma tan clara”: “La agredida aquí no encaja en ese mito o creencia de que la víctima debe ser una heroína que debe resistirse hasta poner en peligro su vida. Aunque de alguna forma esto cada vez está más superado, las primeras sentencias de la violación grupal de La Manada venían a decir algo similar”.

La vida sexual licenciosa de las víctimas. Sentencia de 2005

En julio de 1991, según recogía El País de una nota de la agencia EFE, “el Tribunal Supremo ratificó el fallo de la Audiencia de Pontevedra que absolvía a dos jóvenes pontevedreses de violación, aunque calificaba de ‘desafortunadas’ las consideraciones de la anterior sentencia sobre la vida licenciosa de la víctima”. El primer fallo ejemplificaba esta vida licenciosa con que “carecía de domicilio fijo y se encontraba sola en una discoteca a altas horas de la madrugada”. 

Este término, el de vida licenciosa, se volvió a usar en una sentencia del Tribunal Supremo de 2005, aunque en este caso para desestimar la defensa de un acusado por agresión sexual. Era febrero de 2003 y la víctima estaba en una discoteca de Ávila. El agresor la siguió hasta el baño, donde perpetró el ataque. La Audiencia Provincial de Ávila condenó al agresor, cuya defensa recurrió la sentencia alegando que “[la víctima], que había tenido un hijo, a los nueve meses del episodio tuvo otro”, así como que “un novio anterior declaró en el juicio que la dejó a causa de que la encontró encamada con otro hombre; y, días después [de la agresión sexual, la víctima] acudió a la discoteca donde trabajaba [el acusado] y se comportó provocativamente”.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto, ratificando la condena dictaminada por la Audiencia Provincial de Ávila, señalando en su escrito que “se decide no hacer valor de orden moral respecto a la vida sexual licenciosa de la denunciante”: “Resulta inadmisible sostener que, en un Estado que trata de proteger la libertad sexual, se niegue la posibilidad de que una persona sufra daño moral por desarrollar, fuera del acontecimiento, contra su libertad, una conducta sexual poco austera”, añadía el Supremo.

Sobre esto, la abogada Irene de Lamo apunta que se desliza “la idea de que es imposible violar a un mujer que tenga una vida sexual gobernada de forma autónoma, como si su iniciativa sexual equivaliese a un consentimiento en cualquier circunstancia”.

La violencia sexual por ser mujer trans y prostituta. Sentencia de 2014

Aunque la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en 2014 malgeneriza (asigna un género diferente a aquel con el que se identifica la persona) a la víctima, esto es, usa el pronombre masculino a pesar de que es una mujer, el tribunal condena al acusado por un delito de agresión sexual. 

Los hechos ocurren en junio de 2013, cuando el acusado pacta con una prostituta un precio por un servicio sexual concreto. Sin embargo, el agresor decide realizar otras prácticas más allá de las consensuadas, forzando a la víctima, que temía ser golpeada. Los hechos probados señalan que cuando el agresor requirió penetrarla vaginalmente, la víctima le devolvió el dinero “para impedir que descubriera que conservaba los genitales masculinos y pudiera aumentar su agresividad”. Aunque el acusado se marcha del lugar, regresa al rato preguntando si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Ella le responde diciéndole que la ha violado, y él le escupe y la golpea en la nuca, siendo la Policía, que se encontraba allí, testigo de todo ello.

El tribunal desestimó el argumento de la defensa del acusado de que era un “invento dirigido a ocultar el engaño urdido por [la víctima] al no informar de su condición de transexual o una venganza por haber tenido que devolver el dinero”, ya que “carecen de cualquier sustento” en tanto que “de no haber regresado [el acusado] a requerir a [la víctima] si podía tener alguna enfermedad contagiosa, no se habría verificado la denuncia, acostumbrada como está la denunciante a episodios de semejante naturaleza al sucedido”.

También señala la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la sentencia condenatoria, aclarando que no debe confundirse con una justificación de la conducta del acusado, que “se trata de un incidente derivado del pacto de proporcionar sexo a cambio de dinero y que el dato de que [la víctima] deba ejercer la prostitución para sobrevivir pudo confundir a un alterado Narciso hasta alcanzar la equivoca conclusión de que podía someter a la transexual a su capricho o la de que quien está obligada a ejercer la prostitución carece de la libertad de oponerse a prácticas sexuales no pactadas o no deseadas”.

Irene de Lamo especifica que “la agresión sexual es un ejercicio de poder”: “En este caso, por su condición de mujer trans y de prostituta, la violencia sexual está ligada al género pero también a otras opresiones y situaciones de vulnerabilidad”.

Según un informe de 2015 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA por sus siglas en inglés), “la tasa de incidencia anual de actos de violencia o acoso es de aproximadamente un incidente por cada dos personas trans consultadas”. De las mujeres trans que fueron entrevistadas para la encuesta y reconocieron haber sufrido agresiones o amenazas de violencia física y/o sexual, un 45% de ellas las habían experimentado tres veces o más en los últimos 12 meses.

La violación en el seno del matrimonio o pareja. Sentencia de 2019

En esta sentencia, emitida en mayo de 2019, el Tribunal Supremo hace referencia a aquellas “construcciones doctrinales desfasadas” que negaban que se pudiese producir una agresión sexual en el ámbito del matrimonio o la pareja. “En este momento, a nivel jurídico, hay bastante unanimidad en decir que la libertad sexual es el derecho que tiene una persona a no verse involucrada en un contexto sexual en el que no quiere estar, aunque medie una relación sentimental”, apunta la catedrática de Derecho Penal Inés Olaizola. 

El catedrático y criminólogo Antonio Andrés Pueyo explicaba a Newtral.es que “aunque las denuncias hayan aumentado [en los últimos años], seguimos conociendo solo entre un 18 y un 20% de los casos”: “Hay una gran ‘cifra negra’, que es el término que se usa en criminología, porque es violencia sexual que nunca sale a la luz. Este porcentaje de violaciones que no se denuncian corresponden, sobre todo, a aquellas donde el agresor es un conocido o un familiar. Por ejemplo, una agresión sexual en un piso de estudiantes. O en el matrimonio, que es uno de los grandes capítulos oscuros de la violencia sexual”, añadía Pueyo.

En este caso, la víctima denunció a su marido, con quien llevaba 25 años casada, por agresión sexual, delito por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga. Tras interponer la defensa del acusado un recurso por el dictamen, el Tribunal Supremo lo desestima, alegando que “no puede admitirse bajo ningún concepto que el acceso carnal que perseguía el recurrente, porque entendía que ese día debía ceder su pareja a sus deseos sexuales, es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre”. 

El Supremo asegura que debe admitirse el delito de violación en el seno de la pareja: “Negar la posibilidad conceptual de una violación en el seno de la institución matrimonial supone tanto como afirmar que el matrimonio es la tumba de la libertad sexual de los contrayentes. Y no es así en modo alguno, pese a pretéritas construcciones doctrinales desfasadas y ahora rechazadas categóricamente que negaban esta opción de admitir la violación por entender que en el matrimonio no existían actos deshonestos, ni ataques a la libertad sexual”. Y concluye que debe protegerse “el derecho a la autodeterminación sexual en cada uno de los miembros de la pareja”.

El prevalimiento sobre una trabajadora doméstica migrante. Sentencia de 2019

El horario laboral de V. comenzaba a las nueve de la noche “para dar de cenar y acostar a Esther [la madre del acusado], estando pendiente de ella por si llamaba por la noche, por eso dejaban las puertas de los dormitorios abiertas, levantarla y darle el desayuno por la mañana, y atender la casa hasta mediodía cuando iba a cuidar y pasear a otra señora”, se lee en esta sentencia dictaminada en noviembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Una de las noches en las que el acusado se encontraba en casa de sus padres, donde la víctima trabajaba como empleada del hogar, el agresor se metió en su cama mientras ella dormía, agrediéndola sexualmente hasta que ella consiguió zafarse e irse de la casa. En su escrito, el TSJE tiene en cuenta el origen de la víctima (mujer migrante), así como su situación de precariedad económica y la inexistencia de un contrato laboral: “Rómulo tuvo siempre el pleno conocimiento de la situación laboral de su víctima, es decir, una mujer extranjera, con dos hijos menores a cargo y sin otro ingreso que los 650 euros que él le pagaba por asistir al domicilio de sus padres. Toda la economía de esa familia dependía de ese trabajo, el cual no contaba con ninguna de las garantías de nuestro ordenamiento jurídico laboral. Existe, pues, el prevalimiento de una superioridad laboral por parte del culpable a la hora de cometer el hecho”.

Aunque el acusado interpuso un recurso, el Tribunal Supremo lo desestimó. La defensa del acusado alegaba que la víctima tenía un móvil económico, a lo que el Supremo responde, en su sentencia de septiembre de 2020, que “la precaria situación económica de la víctima fue ponderada al efecto de dotar de mayor verosimilitud su relato —pues denunció los hechos aun a pesar de que ello conllevara la lógica pérdida de su empleo—”.


Noemí Lopez Trujillo, texto y documentación.

Marilín Gonzalo y Verónica García, diseño y edición.

Nacho Mozos, edición gráfica.

Foto: Héctor Ancheta, Shutterstock


25 de noviembre de 2020